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22/03/2007
El paradigma del Carolina Llona
Reportaje especial Opech
No podía ser de otra forma. Cuando el 12 de diciembre de 2006, la Corte de Apelaciones revocó la expulsión de 16 alumnos del colegio Carolina Llona de Maipú, reivindicando su derecho a toma, parecía que los pingüinos sumaban su gran victoria judicial. Pero el 30 de enero pasado, la Corte Suprema revocó el fallo, sentando un precedente nefasto: un reglamento interno está por sobre el derecho a la movilización. Los alumnos y sus padres, no obstante, siguen en pie, dando curso a uno de los casos de represalias más paradigmáticos a partir de la revolución secundaria.
“Ofrecemos un servicio público, una escuela abierta a todos, sin discriminaciones ideológicas, sociales, raciales o de origen, sin fines de lucro (...). Asumimos la tarea de orientación en relación con los alumnos y toda la comunidad educativa a través del diálogo”.
Así rezan los puntos III y IV de la declaración de principios del Colegio Carolina Llona, de la comuna de Maipú. A un grupo de apoderados y alumnos, estas palabras tienen más bien gusto a ironía, con un dejo de mal sabor. El escucharlas les acarrea un ceño fruncido, una sonrisa socarrona.
Son los padres de los jóvenes que protagonizaron uno de los casos más emblemáticos post revolución pingüina de 2006; adolescentes víctimas no sólo de represalias y actos persecutorios feroces por parte de la dirección del establecimiento –como ha sucedido en muchísimos otros colegios-, sino también de la primera resolución judicial que valida las expulsiones como castigo a las tomas y movilizaciones.
De este modo, la Corte Suprema, en fallo de segunda instancia, sentó el primer precedente para que muchos casos similares, hoy en tribunales, tengan el mismo desenlace, amenazando, a su vez, a todo próximo intento de movilización en un año que, sabemos, viene agitado.
Inicios del conflicto
El Centro Educacional Piamartino, de profesada orientación católica, es dueño de tres colegios: uno en Estación Central, otro en Talca, pero el que más destaca es el ubicado en Maipú: Carolina Llona de Cuevas. Tiene alrededor de 7.000 alumnos, una vasta infraestructura -que ocupa toda una manzana-, y una cantidad de profesores y funcionarios que lo hace uno de los más grandes de Sudamérica.
Pero no por ello hizo noticia. Para mayo y junio de 2006, sus estudiantes lideraron las movilizaciones ocurridas en la comuna –reconocida, asimismo, como una de las más álgidas del Gran Santiago-, siendo uno de los primeros colegios en irse a toma y el último en abandonarla. Se le reconoce, también, por su ejemplar entrega del colegio, limpio y sin destrozos, gracias también a la efectiva ayuda de sus progenitores.
De aquella ocasión, como en todo Chile, surgieron nuevos líderes, nuevos amigos, y una camada de pingüinos despiertos y dispuestos a seguir luchando, así como una Coordinadora de Padres y Apoderados, paralela al Centro de Padres, que trabaja codo a codo con ellos. Pero, como en todo Chile, los adolescentes empezaron a sufrir atropellos dentro de su mismo establecimiento, persecuciones y amenazas, reproduciendo una pequeña dictadura en las aulas. Muchos de ellos quedaron incluso bajo condicionalidad.
Cuenta Schubert Fénero, uno de los alumnos expulsados: “Cuando íbamos a algún lado, nos seguían; cuando pasaba alguna embarrada, a los primeros que miraban eran a nosotros; en varias ocasiones iban a las salas, o ni siquiera podíamos entregar un panfleto. De hecho, la directora (Elena Opazo) personalmente, junto con una inspectora, nos dijo que si nos veía con un flyer en la mano entregándoselo a un compañero, estábamos fuera del colegio”.
La toma de la discordia
Lo más crítico, sin embargo, llegó unos meses después. En el contexto de la segunda escalada de tomas debido al lento avance del Consejo Asesor Presidencial, varios alumnos del Carolina Llona ocuparon pacíficamente, el 12 de octubre, el espacio de los séptimos y octavos (lo que permitió que el colegio pudiera cobrar su respectiva subvención).
En el lugar, conversaron y analizaron varios temas, dando como fruto una rica discusión. De hecho, el mismo Schubert explica: “Lo que nosotros queríamos lograr fue una meta -en todo caso, demasiado lejana-, que era la educación popular, y nosotros queríamos que los cabros que estaban en el colegio se enteraran de eso. Para hacer educación popular teníamos que tener un espacio liberado, y nosotros quisimos hacerlo en nuestro mismo establecimiento”.
Pero al carácter pacífico de la ocupación, se le respondió con violencia. La dirección llamó a Carabineros para que desalojara, denunciando que los alumnos tenían armas hechizas. Fuerzas Especiales desplegó todo un contingente aquella misma tarde, digno de una operativo de narcotráfico, para encontrarse con un grupo de 38 adolescentes tomados de la mano, tocando guitarra y cantando, y empuñando... pistolas de agua.
Aunque fueron liberados el mismo día, las represalias no se hicieron esperar. Ximena Silva y Luis Ramos, de la Coordinadora de Padres y Apoderados del colegio, relatan que ese día, acompañando a sus hijos, vieron como a 16 de ellos los dejaban afuera, citándolos para más adelante. La rabia y el tesón de los progenitores obligó al colegio a comunicarles lo que no querían decir: sus hijos o estaban condicionales, o expulsados para el año siguiente, o más aún, con la prohibición de entrar al establecimiento y con fecha de exámenes libres.
De inmediato, sus compañeros reaccionaron y realizaron un paro interno, con el que lograron, al menos, que los reintegraran, no así retroceder en la cancelación de la matrícula. Por ello, a fines de octubre, los apoderados junto a sus hijos interpusieron un recurso de protección ante las medidas del colegio, patrocinada por el abogado Hugo Gutiérrez, de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana.
La dirección del Carolina Llona respondió apelando, a la vez que entregó antecedentes como supuestos destrozos, maltrato al profesorado y una serie de hechos previos a las tomas, sin aún ser comprobados. Asimismo, interpone una demanda criminal contra un grupo de apoderados por supuesto maltrato verbal hacia la dirección.
Se gana la primera batalla...
Es la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones la que, el 12 de diciembre, termina por darles la razón a los alumnos, obligando al colegio a revocar la cancelación de matrícula para el año 2007. Esta sentencia fue “histórica”, en palabras del abogado que lleva el caso, Alberto Coddou, en tanto no sólo calificaba como arbitrarias las medidas en contra de los alumnos –basándose en un reglamento interno lleno de lagunas, abierto a la interpretación al antojo del colegio-, sino que además validaba las tomas y marchas, por parte de menores de edad, como instancias de legítima protesta en el marco de la libertad de expresión cuando el contexto lo amerite.
Más aún, el octavo punto de la resolución apunta que “resulta pertinente recordar que históricamente numerosos movimientos estudiantiles han sido el motor de cambios y evoluciones sociales, siendo las tomas una de las formas que tradicionalmente se han utilizado por los alumnos, lo cual puede paragonarse con los movimientos huelguísticos en materia de derecho laboral y, particularmente, del área sindical, que están legalmente reconocidos”.
Aún cuando esta resolución no quedó a firme (es decir, aún faltaba el pronunciamiento de la instancia final, la Corte Suprema), igualmente permitió que los alumnos se matriculasen para el 2007. No obstante, de inmediato surgió una traba: el colegio condicionaba la matrícula a la aceptación de un nuevo reglamento interno, creado luego del fallo de la Corte, que entre otras medidas discriminatorias (frente a otros credos y conductas homosexuales), sindicaba como causal de expulsión a quien participase de una toma, hecho inédito en materia de reglamentos.
... Pero se pierde la segunda
El espaldarazo de la Corte de Apelaciones a los mecanismos de movilización estudiantiles, que podría haber significado un verdadero triunfo como antecedente judicial, se echó a tierra casi dos meses después. El 30 de enero se pronuncia la Corte Suprema, sin alegatos de por medio, rechazando el recurso de protección de los apoderados y sus hijos, dejando nula la matrícula de los alumnos para el año 2007. En el intertanto, se retira la querella criminal contra los apoderados, que nunca llegó a curso.
En la sentencia, se argumentó en un sentido totalmente contrario al fallo de primera instancia, usando antecedentes nuevos, como el informe policial del desalojo (que los apoderados recién ahí se enteraron había sido entregado por parte de Carabineros al colegio) en que se señalaban diversos destrozos falsos, y un acta de la votación del alumnado aquel día 12 rechazando la toma (que Luis y Ximena acusan que fue manipulada). Ello en función de declarar la toma como “violenta”, a pesar de que en el primer fallo se había dejado sin dudas como pacífica.
Todo lo anterior significó que se calificara como “no arbitraria” la sanción impuesta a los alumnos, validando el reglamento interno. Aunque el mismo Hugo Gutiérrez le había advertido a los apoderados de este fallo, ellos reaccionaron indignados. No sólo porque perjudicaba a sus hijos; conscientes, sabían lo que significaba: se estaba marcando un precedente para que, de ahí en adelante, todo colegio apelara a su reglamento interno para sancionar por tomas a los estudiantes, pasando a llevar sus derechos legitimados constitucionalmente, tal como lo había hecho ver la Corte de Apelaciones.
“La Corte Suprema se prestó, a nuestro juicio, como una sala reglamentaria y no como una sala constitucional, como es en estricto rigor”, critica Luis Ramos. “Qué quiere decir eso: ojo a cualquier organización que tenga un reglamento interno porque la Corte Suprema está validando que cualquier reglamento interno está por sobre la Constitución Política del país”.
¿Qué puede haber hecho que cambiasen tanto los argumentos de un fallo a otro? Ximena da luces al respecto: “Cuando salió este fallo de la Corte de Apelaciones, salió en las noticias hablando el alcalde de La Florida, (Pablo) Zalaquett, haciendo un llamado que no podía ser, que el colegio tenía que apelar, que no podía ser que se diera como legal la instancia de tomarse los colegios (...) Esto a los sostenedores no les convenía que fuera aprobado, que fuera legal, porque resulta que este año, se supone que todos los colegios van a empezar con sus movilizaciones y a tomárselos, avalados por la justicia”.
Por suspicacias, la Coordinadora no se queda atrás. “Nosotros creemos firmemente que aquí está la mano de la Iglesia Católica ”, afirma Luis. “ La Corte Suprema no iba a fallar a favor de estos trece alumnos, tomando en consideración que estaría marcando un mal precedente a nivel país, de que un grupo de alumnos y un grupo de apoderados le quebrara la mano a la Iglesia Católica”.
La pelea que sigue
Más allá de las desconfianzas que puedan surgir tras el fallo, hubo vicios legales de procedimiento, que la misma defensa de los alumnos y sus apoderados se encargó de traducir en un nuevo recurso de protección. Esto significó un nuevo éxito –dentro de la desazón que produjo la sentencia adversa- pues la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso; esto es, se le dobló la mano a la última instancia, la Corte Suprema, que siempre tiene la última palabra en materia judicial.
En este nuevo recurso, dos son los principales puntos: uno, que la Suprema no tomó en cuenta que los alumnos ya estaban matriculados para el año 2007, es decir, que había un contrato que obligaba a las partes a cumplirlo; y dos, que al tratarse de un nuevo reglamento interno –que tampoco fue atendido para la sentencia-, no se puede revocar una matrícula por circunstancias regidas por el anterior reglamento, que, por su parte, no indicaba los procedimientos adecuados frente a los hechos juzgados, como una toma.
Así lo explica Alberto Coddou: “Esta es una discusión de reglamento. Evidentemente, cualquier diría ‘soy (sic) exagerado, estás leyendo el reglamento como si fuera un Código Procesal Penal’, pero ésos son los mínimos que uno puede exigir, son los principios más básicos, es decir, que nadie puede ser juzgado sino por una falta que haya sido descrita con anterioridad al momento en que uno lo cometió; que nadie además, puede ser juzgado sin el debido procedimiento”.
Mientras tanto, ya era febrero y había que encontrarle un nuevo colegio a los adolescentes. Para ello, la Coordinadora de Padres y Apoderados del colegio se dirigió al Ministerio de Educación, para exigir una solución, en tanto era su deber resituarlos en otro establecimiento. Asimismo, incluyeron dentro de los puntos la legitimidad del nuevo reglamento (ver recuadro).
Luego de largas esperas y peleas –incluyendo una reunión con el subsecretario subrogante, Abraham Cárdenas-, se logró matricular, de 13 jóvenes que estaban en vilo, a cinco en el Santiago Bueras y dos en el Instituto Las Américas. Recién hacia el 14 de marzo pudieron incorporar a otro en el Bueras y a dos más en el King Edwards School (hasta el año pasado, parte de la cadena de los Britannia). De los 16 originales, tres prefirieron no seguir en el Carolina Llona, uno egresó de cuarto medio, otro se mudó a la quinta región y un último quedó con daños sicológicos tales, que decidió abandonar los estudios. Llegó sólo hasta tercero medio.
“La derrota es cuando uno la decide”
“Yo y varios compañeros más de los que estamos en el Santiago Bueras no queremos volver. Si se diera la oportunidad, no volveríamos. En ese momento, queríamos todos volver porque ahí estaban todos nuestros compañeros y por todo lo que habíamos luchado con tantas ganas, sentíamos que nos quitaban todo el trabajo que habíamos tenido. Pero ahora, por lo menos, yo me he dado cuenta que se empieza a abrir un nuevo camino; si puedes trabajar en un nuevo colegio, (...) y para qué estar en un solo colegio si puedes estar en dos”.
Los alumnos expulsados del Carolina Llona tienen rabia. Como Schubert, querían al colegio, llevaban años allí y querían hacer cambios desde dentro. Pero no los dejaron. “En un país que supuestamente es libre –desde mi punto de vista, no creo que seamos libres-, se supone que deberíamos tener una opinión y no por esa opinión ser discriminados, y menos por un cura, menos por un colegio que se guíe por eso mismo”.
Por eso, Schubert dispara sin contemplaciones: “Se pasaron por la raja todo lo que decían en misa, cada día y en cada momento a los apoderados. De hecho, muchos valores que teníamos nosotros, no siendo católicos, no los tenían ellos (...) Que hayan roto los lazos sentimentales que, para mí, es lo más importante que puede haber... puedo estar en otro colegio, mejor o peor, pero las personas no van a ser las mismas, los lazos tampoco van a ser los mismos”.
La pelea, sin embargo, no se acaba. “Nuestros compañeros”, cuenta Schubert, están “todos derrotados, pero nosotros creemos que la derrota es cuando uno la decide. O sea, en una lucha, uno va a tener caídas, uno va a tener golpes altos y golpes bajos, va a tener victorias y va a tener derrotas, pero el fracaso llega cuando uno lo desea. Cuando uno tiene una caída y decide seguir, no es fracaso, sino que es más experiencia”.
El reglamento de la discordia
Existe un proceso pendiente respecto del nuevo reglamento promulgado por el Carolina Llona. De partida, acusa la Coordinadora, éste no sólo no ha sido aprobado por el Mineduc, sino que tampoco por los apoderados. Ximena Silva reclama que “un reglamento tiene que ser consensuado en una asamblea de padres y apoderados, y decir ‘vamos a implementar este nuevo reglamento, ¿qué creen ustedes?’, o tomar la opinión, por último, de un grupo de apoderados, pero ni siquiera eso se hizo; o sea, lo hicieron ellos, según a conveniencia del colegio. Y más encima te condicionan la matrícula”.
Por ello, se dirigieron al Mineduc para que éste revisara el reglamento; allí, el asesor de la ministra, Sergio Martinic, se comprometió a responderles el 20 de febrero. Como ello no ocurrió, ellos mismos llamaron, y luego personalmente Martinic les dijo que no podía decirles nada a ellos, sino que él enviaba la revisión a la Dirección Provincial
, ésta al colegio y, si había algún cambio, ahí se le avisaba a los apoderados. “Pero nosotros decíamos ‘el colegio no nos va a llamar porque no nos quiere’”, aduce Ximena.
De todos modos, la batalla “no se da por perdida”, dice Eduardo Catalán. “Creemos –en mi visión- que cuando hay reglamentos internos que son amparados por el sistema, donde estos reglamentos internos están por sobre las leyes de educación y por sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de los derechos constitucionales de los jóvenes, hay que asumir trabajo masivo”.
En efecto, según Catalán, el mismo reglamento está siendo usado como base para otros colegios particulares subvencionados y para los colegios emblemáticos, siendo impulsado a su vez por la FIDE: “ O sea, aquí hay una concertación de esa elite social en que ellos están trabajando en virtud de ponerles trabas a los estudiantes”.
Y Alberto Coddou advierte que, si bien los otros reglamentos daban pie a arbitrariedades, “el nuevo reglamento viene a salvar todos los defectos de legalidad y constitucionalidad del que adolecen la mayoría de nuestro colegios, tanto públicos como particulares subvencionados. La menor parte contiene procedimientos para cancelar una matrícula, o contienen, por ejemplo, figuras sancionatorias abiertas, que dan lugar a arbitrariedades”. Para el abogado, el nuevo reglamento fue claramente redactado por un colega de profesión.
Schubert da el aviso: “Queremos seguir. No por el hecho de que lo hayan hecho a nosotros, sino que se lo pueden seguir haciendo a otros cabros. Nosotros, por decirlo, “éramos”, somos cuento pasado para el colegio, pero no queremos que los cabros que vienen tengan que callarse por reglamentos que son de hecho anticonstitucionales”.
Historia de la Coordinadora
Antes de la toma del Carolina Llona, en mayo de 2006, los padres y apoderados se reconocían como ignorantes de muchos temas. Eduardo Catalán, apoderado del colegio y representante de éstos en el Consejo Asesor Presidencial, recuerda que “el papá en sí no estaba metido, como padres y apoderados, en el tema de la educación. Al no estar metido, desconocían la LOCE, los reglamentos internos, la crisis de la educación, de la JEC, de los maltratos de dirección y profesores a alumnos, el seguimiento”.
Ya en la toma, muchos se conocieron ayudando a sus hijos, llegando a ser conocidos como los Padres de Niños en Toma. A partir del reconocimiento de la crisis educacional, “se fue armando una plataforma de peticiones por parte de los papás. El Centro de Padres, ausente total de la Asamblea de Estudiantes, de la asamblea de papás (...) Si en este colegio existía un 2,8% de participación de los padres –a nivel nacional no pasa de un 6%-, no hay una renovación de los dirigentes de los Centros de Padres, porque no tienen muy clara la película, y los papás en sí piensan que el ser dirigente de un Centro de Padres es ser la chauchera chica del director”.
Por todo esto, decidieron ponerse las pilas y crearon la Coordinadora de Padres y Apoderados del Colegio Carolina Llona, sacando personalidad jurídica y eligiendo su propia directiva. Hicieron talleres para informarse junto a sus hijos, y han sido fundamentales en la lucha que se ha venido dando. Ximena cuenta, no sin un dejo de humor, que en el Mineduc ya los reconocen de tanto que han ido a pelear allá y que, apenas los ven, les tienen una sala de reuniones preparada.
El mismo abogado Alberto Coddou cuenta sobre ellos: la Coordinadora “está muy comprometida, en el fondo, con el derecho a la educación y están comprometidos con cambiar, de cierta manera, los reglamentos internos de nuestros colegios, que son una vergüenza”. Por ello, están enfocando sus luchas tanto en la situación particular de sus hijos, en la de cambiar el Carolina Llona (“Seguir trabajando por el colegio, para poderlo democratizar, integrarlo a la sociedad, integrarlo a la comunidad” recalca Catalán), como en empezar a organizarse y crecer, teniendo en carpeta la creación de la Coordinadora de Padres y Apoderados de Maipú.
Por Daniel Brzovic
Equipo de Prensa OPECH