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LA ESTRATEGIA DE LA REPRESIÓN CONTRA LOS ESTUDIANTES MOVILIZADOS: MUCHO MÁS QUE UN LUMAZO
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Si cuando piensa en “represión” se imagina a un funcionario del G.O.P.E. golpeando a un escolar, piénselo dos veces. Los más recientes acontecimientos represivos en contra de los actores sociales de la educación, en un repertorio que incluye desde la normativa legal hasta el secuestro, explican con brutal claridad la verdadera estrategia de la represión desplegada en la actualidad, haciendo del episodio del “jarrazo” apenas una anécdota más.
La represión se premia en efectivo
Una serie de procedimientos burocráticos y legales han sido desplegados por parte del gobierno para intentar disuadir a profesores y estudiantes movilizados. La discrecionalidad con que el Mineduc actúa en el otorgamiento de los recursos para la subvención le permitió amenazar a diestra y siniestra con cancelarles la “mesada” a los sostenedores municipales y privados que hayan respaldado las movilizaciones actuales.
A los pocos días se anunció que se habían empezado a aplicar los descuentos por tomas y paros, $2.500 millones de pesos en total: “Ante esto, muchos ediles manifestaron su descontento”, escribía el Mercurio el 28 de junio; “Pero algunos, como [Pablo] Zalaquett [alcalde de La Florida], se mostraron tranquilos porque el ministerio se comprometió a condonar la deuda de quienes rechazaron las tomas y trabajaron por recuperar la actividad”. La misma nota agrega antecedentes: el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, lo señaló concretamente: “no vamos a evaluar las apelaciones de los sostenedores que no gestionaron la vuelta a clases. Tenemos claro quiénes ayudaron a buscar soluciones al conflicto y quiénes no".
A pesar de que en el DFL-2 de 1998, que regula la entrega de subvenciones –incluyendo las infracciones-, no hay ni de cerca referencia al “apoyo al abandono de clases” o algún artilugio similar, el gobierno pretende seguir adelante con su amenaza. Así, mediante una presión económico-administrativa, se obliga a cada sostenedor a una decisión política (cual es, castigar las movilizaciones), avisando que el gobierno –en colusión con buena parte de los alcaldes- no dejará puntada sin hilo si de acallar las críticas se trata.
¿Sumarios y secuestros en democracia?
El mismo Zalaquett, a nombre de los alcaldes-sostenedores, advirtió a los profesores sobre descuentos por días no trabajados durante los paros e, incluso, de abrir sumarios (con la venia de la propia ministra de Educación, Mónica Jiménez). Estos mismos sumarios que no se inician para expulsar a docentes de baja calidad, paradójicamente sí se usarían para expulsar a los movilizados (y hoy, para los “rebeldes” que no quieran evaluarse).
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, respondió a esta arremetida en La Nación Domingo (29 de junio): "Zalaquett y la propia ministra están por reprimir y no dialogar, mientras otros municipios ya nos dijeron que no nos descontarán. Ella era sostenedora de colegio y es representativa de un sector partidario de la privatización. Ha sido de oídos amplios a esa tendencia y no ha considerado a los demás sectores. Ese no es el papel de una ministra", criticó.
El Magisterio anunció la creación de una Comisión de Apoyo Jurídico a estudiantes y profesores para defenderlos en caso de problemas con tribunales, que estará presidido por el ex juez Juan Guzmán, conocido por sus juicios contra el ex dictador Augusto Pinochet.
Además de éste, otro organismo ha asumido la defensa de los derechos de los estudiantes movilizados y la dura represión que sobre ellos se ha ejercido: la Defensoría Popular. Este grupo de abogados se ha dedicado desde sacar a los jóvenes recién detenidos hasta, tomando la ofensiva, querellarse en nombre del Colegio de Profesores y la AMDEPA contra el ministro y el subsecretario del Interior, la Intendencia de Santiago y otros actores institucionales responsables de la violencia policial. La querella ya fue acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía.
Vistos los últimos acontecimientos, estas iniciativas parecen más que necesarias. El miércoles 25 de junio, la vocera del Liceo Confederación Suiza, Alejandra Saavedra, estando en las afueras del Metro Baquedano, fue detenida por Fuerzas Especiales de Carabineros para un supuesto control de identidad. En un comunicado de los apoderados del colegio, “ella mostró su cédula, a lo cual ellos respondieron que era en Comisaría. La subieron al vehículo policial en donde habían más estudiantes, todas ellas mujeres, la orden del GOPE fue: ‘siéntate sin levantar la cabeza, nada de celulares, y está prohibido hablar’, dos estudiantes hablaron e inmediatamente les pegaron”. Pasado al mediodía, fue liberada en la comuna de San Miguel.
Este verdadero secuestro no es sino el corolario de un vasto panorama represivo. En entrevista con El Ciudadano (junio 2008), Rodrigo Román, abogado de la Defensoría, acusa: “han ocurrido miles de detenciones ilegales en los últimos días, particularmente en las movilizaciones estudiantiles. (…) A los chicos los desalojan de las escuelas y el Ministerio Público les imputa el delito de usurpación, que es una figura como el robo respecto de los bienes inmuebles. O sea, se acusa a los estudiantes que se están robando los colegios, con ánimo de señor y dueño respecto de los establecimientos educacionales. Eso es exagerado. Incluso hay instructivos de los sostenedores circulando para responder a estas acciones de los estudiantes. Han ocurrido en las últimas semanas casi 3 mil detenciones ilegales y los chicos acusan que en muchas de ellas han sido apremiados ilegítimamente, han sido vejados injustamente, lo que configura el delito de torturas contra particulares”.
Uno de los instructivos que menciona Román llegó a nuestras manos. Se trata de una presentación de la municipalidad de Santiago, la que viene trabajando desde el 2007 junto a los directores de sus establecimientos. En ella instruye cómo reubicar a los estudiantes que hayan participado en tomas, ateniéndose al Reglamento Interno, refrendando el derecho de los sostenedores a disponer represalias sobre los alumnos movilizados, derecho ya respaldado judicialmente por el fallo de la Corte Suprema en el caso del colegio Carolina Llona.
(Ver: http://www.opech.cl/espec/07_03_22_paradigma_carolina_llona.html)
Dicho instructivo no dejó de usarse. A diferencia de las 26 alumnas del Liceo 1 de mujeres Javiera Carrera, que tras su expulsión el 2007 debieron ser reintegradas, 7 estudiantes del Liceo Amunátegui (ambos de la comuna de Santiago) terminaron fuera de sus aulas (Ver: http://www.opech.cl/editoriales/2007_07/07-07-07b_sigue_lucha.pdf). Según acusa uno de los perjudicados, Ivo Silva, no se les dio la oportunidad de firmar una carta de compromiso (como estipula el reglamento interno) para terminar el año, pues eran identificados como “activistas políticos”, no así con otros 8 compañeros que, por ser de más bajo perfil, quedaron sólo condicionales.
Quien fue la cara visible de las medidas contra los jóvenes fue el ahora célebre Jorge Toro, recientemente nombrado rector interino del Instituto Nacional, cuando desempeñaba cargos directivos en el Liceo Amunátegui. Aprobado incluso por los estudiantes institutanos, nadie recuerda el destacado papel que tuvo a la hora de castigar a sus alumnos por movilizarse.
La institucionalidad
La legitimidad de este aparato represivo tiene uno que otro fundamento en las propias leyes chilenas.
El mismo Rodrigo Román, en El Ciudadano, apunta al Decreto Supremo 1086: "Este decreto trata en específico la garantía constitucional establecida en el Artículo 19, Número 13. Allí se señala que la constitución garantiza a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. En 1983, plena dictadura, se crea este decreto supremo que hoy está ocupando al pie de la letra el gobierno de Bachelet, que exige la obligatoriedad de pedir permiso a la Intendencia para manifestarse. Pide definir ante ella quienes van a marchar, cuántos, por dónde, quién va a hablar y qué va a decir. Es un decreto digno de una sociedad orweliana de control", afirma el abogado.
En efecto, hoy no sólo es exigencia el permiso para una manifestación, sino que hace un buen rato que, derechamente, las marchas por la Alameda están prohibidas. La única excepción en los últimos meses fue la realizada a favor de la Píldora del Día Después, curiosamente promovida por el mismo gobierno y personeros de la Concertación.
Y a las detenciones arbitrarias (preventivas, suele decir la policía), maltratos en micros y comisarías, grabación en la vía pública por parte de Carabineros y otros tantos artificios, se suma el trabajo de Inteligencia del gobierno, legal y asumido, bajo un manto: la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI.
En reportaje de la edición de junio de la revista Bello Público (publicación mensual de la FECh), se advierte que, a través de la ley 19.974 del año 2004, la ANI tiene la facultad de "ingresar en los teléfonos, la correspondencia y en todo tipo de comunicaciones; radio, Internet, mails y grabación electrónica, incluyendo la audiovisual (...). Incluso pueden llegar a recolectar, de manera encubierta, datos íntimos, como los hábitos, los estados de salud física o psíquica y la vida sexual de los investigados. ¿Quiénes son los investigados? Pues se supone que aquellos que atenten contra el orden y la seguridad del Estado".
Aun más: "En la historia de la ANI ha habido ingreso de funcionarios a reuniones, y eso no es ilegal. Si estás en la FECH, en algún sindicato, yo puedo ir y meterme, me siento, escucho y luego me voy, como ir al cine", comenta uno de sus funcionarios, Andrés Araya, en la misma revista.
Como ir al cine resulta de cotidiana la estrategia represiva. Todos estos eventos que han desfilado por la prensa, en apariencia aislados, al sumarlos nos permiten explicitar una red institucional y discursiva, avalada jurídica e ideológicamente, que supera con creces la imagen del carabinero y su luma. No es para sorprendernos. Nos basta refrescar la memoria con la dictadura y los siguientes años de gobierno concertacionista. Pero es sobre todo desde la explosión de 2006 que para las nuevas generaciones el tema está en el tapete, viviéndolo en carne propia: jóvenes y niños aprendiendo lo que significa “represalia” por querer ejercer su derecho a manifestarse y ser tratados como criminales.
* Para ver que hace un año las cosas no eran tan distintas, ver:
http://www.opech.cl/editoriales/2007_06/07-06-21_movilizaciones.pdf
http://www.opech.cl/editoriales/2007_07/07-07-07a_manual_estrategico.pdf
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