LAS CLAVES DEL DEBATE EDUCATIVO SEGÚN EL MUNDO SOCIAL

Tras la jornada nacional de paro del miércoles 28, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, se declaró "extrañada" por las movilizaciones estudiantiles, por cuanto -a su juicio- el proyecto de LGE responde a todas sus demandas.

Pues bien, a modo de punteo, tres actores sociales de la educación (representantes de apoderados, secundarios y apoderados) nos indican algunos de los puntos que producen, ante el extrañamiento de la ministra, el rechazo de las organizaciones sociales a dicho proyecto.

Nadie puede decir que las aguas están quietas en educación. El reciente discurso del 21 de mayo tuvo a la presidenta Bachelet refiriéndose apenas a aspectos secundarios del actual debate educativo (PSU subsidiada, becas de posgrado en el extranjero, y unos miles de notebooks para alumnos pobres). La omisión de los grandes temas que hoy movilizan a miles de estudiantes secundarios, universitarios, profesores y padres y apoderados, es un signo de que el camino de las políticas públicas en educación se bifurca entre la clase política y el mundo social.

Por mientras que las indicaciones de parlamentarios de la Concertación están demorando el trámite del proyecto de Ley General de Educación (LGE), activando las alertas del gobierno y la derecha, los actores sociales no se han dejado estar. Todos los días escuchamos de nuevas tomas rápidamente desalojadas por el actuar represivo de Carabineros, que sin embargo no amilana a los jóvenes. Estos se suman a la decena de universidades y facultades ocupadas a lo largo del país, quienes intentan demostrar que sus problemas internos no son sino el testimonio de la crisis integral de la educación chilena.

Con este panorama, OPECH pretende exponer algunas de las claves de la contingencia educativa, de la voz de los propios actores, en particular respecto del proyecto de LGE como guía de la enseñanza en Chile. Para ello contamos con la palabra de Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores; Pablo Herrera, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Barros Borgoño; e Ismael Calderón, presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (AMDEPA).

1.  Rol del Estado y educación pública
En primer lugar, el rechazo a la LGE parte porque no significa transformaciones reales respecto de la LOCE. "Lo primero es que no se cambian los pilares fundamentales", apunta Pablo Herrera, "como lo eran la municipalización, la JEC, y las demandas básicas que se pedían en el petitorio histórico desde 2004-2005 y que estallaron el 2006. Son los mismos puntos que se pelean de la LOCE y que jamás fueron tocados; se cambiaron un par de cosas, nos dieron un poco más de plata para la subvención y nunca se cambió lo principal".

De estos pilares, uno de los más importantes es el rol del Estado en la educación pública, como indica Jaime Gajardo: "En buenas cuentas, el marco regulatorio no hace diferencia entre educación privada y educación pública, y desmantela al ministerio de educación o, a lo menos, desnaturaliza su función de manera que cumple un rol de regulación de mercado y no de dirección del sistema educativo. En estas condiciones, la LGE no define cuál sería la responsabilidad del Estado, excepto lo ya contenido en la LOCE y antes en la Constitución de 1980, en orden a resguardar la Libertad de Enseñanza y el ejercicio del Derecho a la Educación -que por lo demás es, de acuerdo a la concepción subsidiaria del Estado, una responsabilidad de la familia-".

Así, la respuesta para las organizaciones sociales está, según resume el representante de los apoderados, en "pasar de un Estado subsidiario como el actual a uno administrador, controlador y que dé cuenta del fortalecimiento de una educación publica", con los requisitos de "calidad, con equidad, sin selección de alumnos", complementa Calderón.

2. Privatización y lucro
Para la organización de docentes, en los intentos de profundizar la privatización de la enseñanza se pondría en peligro el mismo derecho a la educación: "Al aumentar los requisitos para ser sostenedor, entre ellos tener giro único y reinvertir las ganancias obtenidas en educación, se condena a los sostenedores pequeños a desaparecer en la competencia con grandes consorcios -es decir, se producirá  concentración y formación de grandes monopolios en el servicio educacional-, y si a esto sumamos la caída de la matrícula del sector municipal y el cierre de escuelas de bajos resultados académicos que se acojan a la subvención preferencial, la tendencia es hacia una mayor privatización del sistema educativo. El derecho a la educación en estas circunstancias está relativizado por la capacidad de las familias para acceder a un mercado de servicios educativos", explica Gajardo.

Es así cómo el fin del lucro, para Ismael Calderón, "es el más resistido tanto por la derecha como por la Concertación, por los miles de millones de pesos que se entregan a privados en desmedro y con la clara intención de terminar con la educación pública. Nosotros creemos que si no hay voluntad de terminar con este sistema mercantilista, no hay ninguna posibilidad de cambiar este sistema", sentencia.

3. Selección
La selección es otro de los temas fundamentales. Herrera caracteriza en algo esta discusión: "La selección, que se mantiene en la media para resguardar a los colegios emblemáticos, tiene el apoyo de los estudiantes de estos colegios, porque ellos se sienten los elegidos, los iluminados, pero los demás –colegios de periferia, más chicos- no están de acuerdo. Tampoco se elimina la selección por tener un familiar en el liceo, o por no tener plata para el pago de matrícula, o por no vivir en la comuna". Como define Gajardo, lo nefasto radicaría en que "la limitación de la selección sólo hasta sexto básico implica posponer los procesos de selección solamente hasta cuando ya se hayan consolidado las diferencias de origen, de capital cultural".

4. Participación
Un aspecto que poco espacio ha tenido en la discusión (aunque en las universidades se ha ido abriendo camino lentamente) ha sido el de la participación de la comunidad en los establecimientos, demanda que ya está instalada en la movilización actual. Frente a ello, los profesores aportan un dato: "En el proyecto original -aunque en número muy limitado y de manera poco directa- había representación en el nuevo Consejo Nacional de Educación de la comunidad educativa. En el acuerdo entre el gobierno y la derecha, todos los representantes deben ser ratificados por el Senado con un quórum alto. O sea, voluntad popular se expresa de manera completamente distorsionada no en la composición del Consejo, sino en un Parlamento cuestionable, por decir lo menos, y sería la derecha quien finalmente ejercer un poder de veto".

 ¿Cuáles serían los pasos de las organizaciones sociales para frenar los embates privatizadores de la clase política?
Para los docentes, lo primero sería "conformar un gran movimiento por la defensa del derecho a la educación, por la democratización del sistema escolar -partiendo desde las más altas instancias de definición de la política educacional hasta los Consejos Escolares en cada escuela y liceo- y por la defensa y expansión  de la educación pública. Conseguir el retiro de la LGE del Parlamento pues, de aprobarse esta ley, la privatización del sistema sería más rápida y porque tampoco resuelve los problemas de calidad del sistema, que ha sido uno de los slogans con que se la ha promovido. En el mediano plazo, organizar y realizar un Congreso Nacional de Educación con  participación de todos los sectores sociales, políticos, culturales, étnicos, credos religiosos, para discutir y proponer la reforma educativa que el país necesita".

Para Herrera, "primero, que empiecen a trabajar en sus bases, para mostrar porqué es el descontento con la LGE, que se informen sobre ella, cómo los perjudica cotidianamente, cómo les afecta que la municipalidad sea el sostenedor de su colegio, que le manden la plata a la muni y no directamente a su colegio, que se organicen con los colegios de su sector, con la gente que vive cerca de sus poblaciones, ya sean municipales o particulares-subvencionados. De ahí, que se creen nuevas organizaciones estudiantiles que generen un mayor nivel de crítica y de acción". Así, complementa, "la tarea es concientizar a los cabros, que en su misma casa conversen con los papás, los papás con los compañeros de trabajo y así ir concientizando a la gente de que la LGE, en realidad, es una pasada de máquina y no hace ningún cambio estructural; se cambian un par de aspectos técnicos, un poco más de plata –nos dan un poco más de miga- y en realidad, la torta sigue para ellos".

Por último, a manera de refrendar el apoyo de padres y apoderados con las movilizaciones estudiantiles, Calderón recuerda que "el mundo social, que algunos representamos en la Comisión Asesora Presidencial, dejamos claro que es imposible sostener este sistema actual de financiamiento de la educación, porque es un sistema perverso, por lo que creemos que todos los pasos que van en la línea de corregir este sistema mercantilista son válidos, desde las discusiones y debates hasta las movilizaciones".