CUANDO EL RÍO SUENA… 

¿Quien es quien en el negocio de la Educación?

Al centro de un coliseo romano, rodeado de miles de voces que, desde todas las trincheras, le abuchean y piden su ejecución. Así parece estar el artículo 44 que ha acaparado el debate sobre el proyecto de ley para reemplazar a la LOCE. Éste, implícitamente, indica el fin del lucro con fondos públicos en la educación, y con tan sólo tres palabritas –fin-del-lucro- desató un vendaval de críticas por parte de quienes era de esperar, pero también de otros que pareciera tienen más intereses involucrados de lo que se creía.

 

Los mismos de siempre

Era de perogrullo que la derecha, fiel aliada del empresariado -sino parte de él-, iba a rechazar la medida. Ya fuera la UDI, RN, la Confederación de Producción y Comercio, la Sofofa, y los actores privados de la educación, como la Conacep y la Confide, todos coincidían en criticar la demonización del lucro, con la desfachatez de negar una de las grandes conclusiones del movimiento pingüino del año pasado, que fue, precisamente, que el lucro era el mismo demonio. Es que cuando éstos advierten del “retroceso” a un cierto “estatismo socialista”, más que hacer una prudente sugerencia, están amenazando que, a estas alturas, no van a permitir que les cambien las reglas del juego libremercadista. (Ver más)

Para nadie es un misterio el íntimo vínculo entre los mencionados y quienes negocian con la educación. Más allá de su presencia en los directorios de muchas universidades privadas, los gremios de la CPC (que por sí solo controla el Inacap y la novel Universidad Tecnológica) tienen un verdadero conglomerado educacional: la Sofofa agrupa 18 colegios (15 mil alumnos); la Cámara Chilena de la Construcción respalda otros siete (los Pumahue y Manquecura, de 5.000 alumnos); la Corporación Educacional de la SNA (Codesser) administra 21 establecimientos rurales (9.000 alumnos); y la Cámara Nacional del Comercio hace su parte con 14 colegios (15 mil alumnos), a través de su Fundación.

En total, más de 40 mil alumnos. Tal concentración, por lo demás, data de los tiempos de la dictadura, donde muchos de estos establecimientos fueron traspasados con todas las facilidades a manos privadas. Y hoy, es innumerable la cantidad de grandes empresas (en las cuales algunos parlamentarios, sobre todo de la UDI, poseen acciones) que se acogen a donaciones a las distintas corporaciones para, a través de su “responsabilidad social empresarial”, reducir el pago de impuestos.

Respecto de senadores de derecha, hay muchos casos paradigmáticos. El de Andrés Chadwick (UDI), por ejemplo, quien desde los 80 tuvo participación en el negocio de la educación a través de Copra S.A., una de las dueñas de la Sociedad Inmobiliaria Andrés Bello y del Instituto Preuniversitario Andrés Bello, socios de la universidad homónima en su momento. Ahí trabajaba codo a codo con Juan Antonio Guzmán, ex personero de la dictadura, quien fuera presidente de la Junta Directiva, rector y miembro del  comité académico de la casa de estudios.

Lo mismo se puede hablar de Hernán Larraín, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Santo Tomás, la cual es dirigida a su vez por la Corporación Santo Tomás, dueña de seis colegios repartidos en todo Chile. ¿Qué tienen que ver ambos senadores, siendo que sólo participan de la educación superior? Pues que la modificación legal que impide el lucro en los colegios, forzando a que sean corporaciones o fundaciones sin fines de lucro sus propietarias, hace posible que las mismas artimañas que utilizan los dueños de universidades privadas para saltarse la prohibición de lucrar (en particular, delegando la posesión a inmobiliarias), puedan ser imitadas en las futuras administraciones escolares.

Vale recordar, aparte, al diputado UDI José Antonio Kast Rist, uno de los puntales del gremialismo a la hora de defender la privatización de la educación. Su hermano Hans es el canciller del Arzobispado de Santiago, que tiene a cargo la –en plena expansión- Corporación Belén Educa y sus 7 colegios.

Los nuevos del baile

Pero la –ni tan- sorpresa vino por parte del rancho de la Concertación. La Democracia Cristiana ha insistido en que calidad y lucro no tienen relación alguna, poniéndose del lado de la oposición en su crítica. Y aunque no es de extrañar esta actitud –la DC se ha caracterizado por defender constantemente la libertad de mercado-, otras voces concertacionistas también han rechazado el mentado artículo, liderados por el ex ministro de Educación y presidente del PPD, Sergio Bitar.

En rigor, no hay que extrañarse tanto. El 2004, como ministro, firmó junto a Juan Claro un acuerdo de cooperación público-privada para la educación, y al año siguiente se hizo presente –junto al mismo Ricardo Lagos- en el Primer Encuentro Anual de Educación y Empresa (parte de la Agenda Pro Crecimiento).

Aun más, como ex ministro siguió participando en la instancia, además de asesorar o formar parte de una serie de fundaciones que fomentan el affaire educación-empresa, como la Fundación Chile Digital, donde trabaja junto a insignes empresarios, liderados por Agustín Edwards (al igual que en Paz Ciudadana), y a altas autoridades de la Concertación, como el ministro René Cortázar, la ministra Yasna Provoste o el ex PPD, Fernando Flores.

El senador Flores, por su parte, es el "principal accionista" del Colegio Altamira de Peñalolén (como lo consigna su sitio web), a través de su participación accionaria en Business Design Associates Chile S.A., socio mayoritario de la Sociedad Educacional Altamira, aunque hoy el colegio es administrado por la Sociedad Educacional Diálogos Ltda., que en su constitución consigna como socio a Fernando Léniz Mezzano, hijo del ex ministro de Economía de Pinochet, Fernando Léniz Cerda. Esta no es una relación muy extraña: ambos participan de BDA, y fueron socios titulares de la desaparecida Universidad Vicente Pérez Rosales.

Ahora, si de vínculos con privados se trata, sabemos que la gente de la DC lleva la delantera. El caso más ejemplar es el de la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin. Hoy participa directamente en varias Corporaciones que no sólo abogan por la intervención privada en educación, sino que son derechamente sostenedoras, como la Corporación Aprender (de la cual es Vicepresidenta) y la Corporación Belén Educa, perteneciente a la Iglesia Católica (de la que ella es parte del directorio). Estos datos nos dan algunas luces de porqué Aylwin ha sido una de las voces cantantes a la hora de rechazar el fin del lucro.

Como dato aparte, consígnese que el 2001, durante su administración, firmó la resolución N° 13 que catalogaba de “reservados” los montos de subvenciones recibidos por los sostenedores y las donaciones a colegios técnico-profesionales corporativizados, es decir, cuya administración es “delegada” (ver Decreto de Ley N° 3.166, de 1980), con lo que reciben el inmueble y más subvenciones, pudiendo a la vez mantener su propio proyecto educativo. Entre éstos colegios se cuentan los arriba mencionados de la CPC y los de la misma Aprender.

Otro caso importante es el del vicepresidente nacional del PDC, Walter Oliva Munizaga. En su doble militancia, ha sido uno de los representantes públicos de la educación privada, al ser el predecesor de Rodrigo Bosch en la presidencia de la Conacep. Ello se explica en que Oliva es el flamante sostenedor de cinco colegios, a través de la Sociedad Educacional Tte. Dagoberto Godoy S.A., la que percibe más de 2 mil millones anuales en subvenciones del Estado.

¿De qué nos sirve conocer, entonces, este cúmulo de datos? Por ahora, es un botón de muestra de cómo las complejas redes sociales entre el empresariado y la clase política se han tejido alrededor del mercado de la educación, definiendo intereses y creando libretos de los que ningún actor se puede salir. Quizás qué estrategias urdió la Concertación tras el polémico artículo 44, a sabiendas de la urticaria que generaría; y si se le defiende –desde más de una trinchera- con uñas y garras... algo tiene que haber detrás, ¿no?

Por Daniel Brzovic Gaete, periodista OPECH