El jueves 14 de marzo la Comisión de Educación del Senado agregó un nuevo capítulo al intrincado debate que ha tenido el trámite de la ley de subvención escolar preferencial: aprobó en general la iniciativa que cumple su segundo trámite en la Cámara Alta,  pero, al mismo tiempo, manifestó su voluntad de introducirle indicaciones. De este modo, sigue la incertidumbre respecto al carácter final que tendrá  este proyecto de ley, ya  que persisten las discrepancias entre  senadores y también con el Gobierno.

Pareciera que el único consenso real que tiene el proyecto es el de la necesidad de aumentar el financiamiento que reciben los establecimientos ubicados en los sectores socioeconómicamente más vulnerables. Pero la discusión sobre sus contenidos es alta, desde el monto de recursos -el proyecto contempla la entrega de una subvención adicional de $18 mil a los niños socio-económicamente vulnerables- hasta los mecanismos para otorgarlos, pasando por la discusión sobre si el financiamiento tiene que ir al establecimiento o al alumno, sobre la forma de calificar la vulnerabilidad, sobre los requisitos que debieran tener los establecimientos que recibirán el financiamiento, y sobre las formas de gestión, apoyo  y control.

Tal vez como en ninguna discusión realizada en la tramitación de proyectos de ley sobre educación, por primera vez están en cuestión aspectos estructurales de nuestro sistema educativo. Está por verse cuáles serán finalmente las decisiones que tomen tanto el poder legislativo como el ejecutivo en este rumbo.

Lo cierto es que ya ciertas voces en el Parlamento se manifiestan con mayor nitidez y solidez. Un ejemplo de ello han sido las intervenciones y declaraciones que al respecto ha realizado el senador socialista, Alejandro Navarro, miembro de la Comisión de Educación, quien indicó: “vamos a presentar un conjunto de indicaciones porque tengo la convicción que el sólo aumento de los recursos para enfrentar las debilidades de la educación pública y particularmente la de los sectores más vulnerables no es eficiente. Eso significa que el proyecto debe contener elementos más sustanciales de la institucionalidad, que deben quedar preparados para el debate posterior, que es el fin de la municipalización”, dijo el senador Navarro.

Asimismo, Navarro especificó que las indicaciones que presentará “van en la línea de establecer condiciones que permitan que los recursos asignados no discriminen a alumnos de un mismo colegio. Me parece insostenible que dentro de un mismo colegio haya algunos que reciban la subvención y otros no”. Planteó, también, su preocupación porque, a su juicio, la iniciativa consolida, de manera indirecta, el modelo de financiamiento basado en el número de alumnos y en la asistencia, lo cual debería ser revisado.

Este último episodio demuestra que la prisa del Gobierno por aprobar la iniciativa – que era una de las medidas anunciadas por la Presidenta Bachelet para los primeros 100 días de su gobierno y para lo cual la administración central ya tiene los recursos destinados- ha chocado una y otra vez con la falta de convicción de los sectores políticos, y las contradicciones que al respecto existen al interior de la propia Concertación.

Lo concreto es que el debate continúa. Lo importante es que no se desarrollen en las cuatro o más grandes paredes del enorme edificio del Congreso en Valparaíso, sino que recorra al país, y sume conciencia y movilización para intentar que lo más probable pueda cambiar en algo su rumbo. Porque, justamente, lo más probable es que nuevamente, como lo hicieron en el Consejo Asesor, aquellos sectores que no quieren cambios estructurales o le temen a los mismos se alinien y termine aprobándose una ley que en lo medular no resolverá ningún problema relevante y seguirá entregando recursos para el mercado y el lucro en educación.