PR0YECTO DE LEY
REGIMEN DE SUBVENCION PREFERENCIAL
EXPOSICION DEL COLEGIO DE PROFESORES
A LA COMISION DE HACIENDA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
5 de diciembre, 2006
Si bien el nuevo articulado del proyecto recoge algunos
aspectos importantes que fueron señalados no sólo por el
Colegio de Profesores, sino también por diversas otras instituciones
y académicos, así como por los propios señores diputados,
los alcances de fondo a su esencia se mantienen inalterables, lo que es
preocupante, mucho más aún, cuando muchos de dichos aspectos
han sido abordados por el Consejo Asesor Presidencial, los que serán
estudiados por la Presidenta de la República, para implementar
nuevas leyes, a partir del próximo marzo 2007.
En efecto, el Proyecto aprobado por la Comisión
de Educación de la Cámara de Diputados corrige los siguientes
principales aspectos del proyecto original:
- Se extiende tanto al primer y segundo nivel de transición
de la educación parvularia como a toda la educación general
básica.
- No se hacen diferencias en los montos de la subvención preferencial
entre las tres categorías de establecimientos que establece la
ley.
- Se contempla una subvención adicional para los establecimientos
en recuperación para ayudarlos a construir sus planes de superación.
- Existe mayor exigencia de rendición de cuentas públicas
de los dineros destinados a la subvención preferencial.
- Limita, en parte, la selección de alumnos. En
parte, pues el financiamiento compartido, de por sí, significa
selección. Y en ese sentido, sólo pone limitaciones de selección
en lo referido a los alumnos prioritarios.
No obstante, el proyecto se mantiene bajo la misma concepción
de solución a los problemas de financiamiento vía subvención
a la demanda, esta vez por alumno prioritario; lo que no resuelve el problema
de inequidad ni de necesidad de entregar mayores recursos a las escuelas
que atienden una proporción mayor de alumnos con desventajas. Tampoco
asume el problema de que la calidad de la educación no puede entenderse
como medición de rendimiento en algunas disciplinas, ya que sigue
siendo e SIMCE el principal instrumento tanto de control de calidad como,
por lo mismo, de medidas de mejoramiento de la calidad, restriñendo
el curriculum y la formación integral de los educandos.
El Proyecto, entregando la voluntariedad a los sostenedores
de incorporarse al sistema, suscribiendo con el Ministerio de Educación
un Convenio de de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, deja
de ser responsable de la calidad y equidad del sistema educativo, desresponsabiliza
al Estado de dicho deber, delegando la responsabilidad a los sostenedores
que acepten firmar dicho convenio; cuestión que al menos en el
caso de los establecimientos municipales, que hoy representan la educación
pública del Estado, es inaceptable.
En términos gruesos el proyecto sigue sin asumir
que:
El mayor causante de las inequidades educativas y de
la creciente segmentación que se observa en el sistema es el régimen
de subvenciones, cuya efectividad en el mejoramiento de la calidad no
ha sido demostrada, razón por la cual es necesario revisar esta
forma de financiamiento, aspecto que fue no sólo debatido, sino
también objeto de diversas propuestas en el Consejo Asesor Presidencial,
las que debiera estudiar la Presidenta Bachelet y el Ejecutivo.
El proyecto aborda la educación de los niños más
vulnerables sin ninguna referencia explícita a la educación
municipal, donde se educan 4 de cada 5 de esos alumnos. Gran parte del
problema que se quiere enfrentar se debe a la crisis del sistema municipal,
el que no fue evaluado en sus 25 años de funcionamiento, y respecto
al cual también se pronuncia, con diversas alternativas el informe
final del Consejo Presidencial.
Al optar por el mecanismo de subvención por alumno, la ley requiere
establecer un sistema que determine en forma precisa el carácter
de “prioritario” de los alumnos más vulnerables. Al
respecto, son conocidos los efectos estigmatizadores de este tipo de prácticas,
lo que se agrava en Chile por el carácter marcadamente clasista
de la cultura nacional y, en la escuela, por ser una institución
cerrada donde ya es difícil despejar los prejuicios que dificultan
el aprendizaje de los más pobres.
Por otro lado, la elección del dispositivo de subvención
define el problema a resolver como una dificultad individual de ciertos
niños y no como un problema social que afecta a una porción
significativa de la población que asiste a escuelas con una alta
concentración de pobreza y sin las capacidades para atenderla con
eficacia. Por otra parte, no existen estudios de costos convincentes sobre
cuánto implicaría educar con calidad a los alumnos del sector
municipalizado y mucho menos a los niños más pobres dentro
del mismo, pero todo indica que ese estándar es muy superior a
la subvención base actual.
La evaluación vía SIMCE, comete el grave error de confundir
los resultados de las escuelas con la calidad de sus servicios. De hecho,
con la información disponible, es imposible determinar cuáles
son las escuelas más efectivas en cuanto a resultados de aprendizaje.
En Chile, las escuelas han estado “compitiendo” en un sistema
que permite la selección de los estudiantes y que tolera una gran
desigualdad de recursos entre instituciones aparentemente similares; y
los estudios disponibles sugieren que la mayor parte de las diferencias
entre escuelas detectadas por el SIMCE se explican mejor por este tipo
de sesgos que por su calidad pedagógica. Por tanto, comparar a
las escuelas al interior de grupos “similares” reduce en medida
desconocida el problema, pero no lo resuelve.
El proyecto pretende hacer equidad entregando más recursos a los
más necesitados, pero, no considera la vulnerabilidad de las escuelas.
Resulta incompresible, dado estos antecedentes, que el Ejecutivo, en el
marco de la discusión y evaluación que se ha hecho en el
Consejo Asesor Presidencial por la Calidad de la Educación, no
haya asumido las siguientes indicaciones al proyecto:
Por todo lo señalado, para abordar el problema de la inequidad
de manera inmediata, de modo de responder a la urgencia y esperar las
decisiones de la Presidenta y del Ejecutivo respecto al Informe del Consejo
Presidencial, especialmente a lo que se refiere al sistema de subvenciones,
a la municipalización de la educación y a la responsabilidad
del Estado así como a los mecanismos de aseguramiento de la calidad,
el Colegio de Profesores plantea que la presente ley debiera abocarse
a solucionar el problema de la siguiente manera:
- Perfeccionar las escuelas a que asisten mayoritariamente los alumnos
pobres.
- Instalar en ellas algunos procesos ya conocidos. El primero es que
en cada establecimiento se genere un grupo de personas que piense, analice
y proyecte en común las acciones del mismo. Para lograrlo, es importante:
fortalecer a sus directores y las condiciones laborales del trabajo docente,
de manera de constituir un trabajo colectivo y de equipo que permita promover
la elaboración de un proyecto educativo que concite el compromiso
de todos e incorpore el trabajo y la colaboración de los diversos
actores de la comunidad escolar.
- Dar apoyo técnico sistemático a las escuelas municipales
que no funcionen bien., para lo cual la subvención preferencial
debiera ser un subsidio a las escuelas gratuitas del país, que
varíe según la cuantía y el índice de vulnerabilidad
de su matrícula, condicionado a la ejecución de un plan
de mejoramiento en el que los colegios comprometan metas de resultados
y procesos, para lo cual deben incorporarse instrumentos diversos, y no
sólo el SIMCE.
Lo anterior permitiría responder urgentemente al objetivo fundamental
del proyecto, cual es entregar más recursos a las escuelas que
atienden a los alumnos más vulnerables para mejorar su educación,
y darse un tiempo mayor para esperar las propuestas e iniciativas legislativas
del Ejecutivo luego de estudiar el Informe de la Comisión Presidencial
para la calidad de la educación en lo siguientes aspectos: responsabilidad
del Estado en educación, sistema de subvenciones; propuestas de
reestructuración del sistema municipal de administración
de la educación, nueva institucionalidad del sistema educativo
y roles del Mineduc y de la Superintendencia de la Educación.
Observatorio Chileno de Políticas Educativas
