EDITORIAL: "En las últimas semanas hemos estado frente a una nueva maniobra del poder, la criminalización del movimiento social"

Durante el primer semestre hubo llamados de las autoridades a que el movimiento social no se expresara en las calles para evitar el desorden en la vía pública. El margen que le quedó al movimiento social para expresarse se redujo (o bien se amplió) hacia la escuela, la cual se instituyó este año como el espacio más importante desde el que se expresó el malestar social, quizás la escuela retomaba su rol público y su función formadora de ciudadanos.

En estas dos últimas semanas, algunas autoridades de establecimientos (directores y/o sostenedores, con el apoyo y tácito acuerdo de otras autoridades) han decidido de manera unilateral cancelar las matrículas de determinados jóvenes pertenecientes a ese movimiento social. No pretendemos entrar a una discusión acerca de lo que significa cancelación. Pero, ¿cuál es el acto delictual que han cometido? Aspirar a una mejor educación y movilizarse. ¿Esto es sinónimo de acto delictivo?

Este año los jóvenes expresaron que la ciudadanía es algo que se ejerce, y no sólo es materia de un curso de educación cívica; e hicieron de la educación y de sus escuelas, la demanda y la tribuna desde la cuál propusieron una nueva forma de educación y de sociedad.

Hoy la persistencia de los estudiantes en su afán democrático es foco de criminalización. La constitución aún no permite elevar un recurso de protección, porque el derecho a la educación que todo joven y niño tiene, no esta protegido explícitamente por esta garantía constitucional. Recordemos que la derecha y otros sectores interesados de la clase política, bloquearon la reforma que la presidenta envió hace algún tiempo al parlamento. Hoy recordamos como todo abogado sabe, que los tribunales son políticos y no necesariamente justos. Aún cuando han tenido que acoger los recursos de no innovar, motivados por la presión de los actores sociales y de una ética ciudadana que no resiste cuestionamientos ante tamaño autoritarismo.

Desde otras esferas, circula un análisis y un discurso que dice no entender esta nueva etapa del movimiento de los “pingüinos”. Permítanos ciertas consideraciones.

a) Los nuevos movimientos sociales, ya no surgen necesariamente desde los partidos políticos, ni tampoco estos últimos se han mostrado muy hábiles en el momento de intentar dirigir al movimiento social. Por tanto, esto que aquí en chile pareciera inédito, en otras latitudes es motivo no solamente de análisis en centros académicos, sino que desde las esferas gubernamentales. El movimiento social es la forma real que tienen de integrarse a la sociedad los actores marginalizados y exluídos, es construir ciudadanía. Por tanto no hay que responsabilizar, ni culpabilizar; sino que integrar de manera auténtica y no solamente formal.

b) Una de las únicas lógicas que ha imperado para visualizar el mundo juvenil es la de la integración al mercado, cuya meta es siempre el éxito y la prosperidad del individuo. Esto pareciera ser que tampoco es el axioma del movimiento social. Este movimiento social no está pidiendo mercado, sino todo lo contrario. Los pingüinos demostraron que sistema educativo chileno estaba en la UTI, y sin embargo, aún hay gente que pretende profundizar el modelo. Nadie ha “educado” al movimiento social sobre lo que significa el modelo neoliberal. Por tanto, su aprendizaje ha sido en la práctica, contra el muro, y esto ha sido experiencia suficiente para sospechar de las estrategias de integración en su mayoría funcionales al mercado laboral impuesto y al modelo de gobernabilidad vigente.

c) No se puede pretender dar lecciones de ciudadanía, al movimiento social. Ni menos sancionar cuando este, responsablemente defiende los aportes hechos por su decisión de movilizarse. Los estudiantes han hecho aportes al ejercicio ciudadano que no deben ser deslegitimados por la acción sancionadora de una autoridad que parece no comprender la democracia. El nuevo ciudadano juvenil, fiscaliza a su gobierno, es constante en sus demandas, desea intervenir en la ejecución misma de los cambios (participación directa) y entiende mejor que nadie que el mercado no es equivalente a la sociedad en su conjunto y que por lo tanto sus lógicas no son válidas para administrar la educación.

La ocupación de algunos colegios no puede interpretarse como la soberbia de los estudiantes, ni desde el desgaste del movimiento, ni menos como simple vandalismo. Por el contrario debe servir para recordarnos que es la sociedad entera quien debe fiscalizar los cambios en educación, que debe ser la opinión pública en su conjunto quien explícitamente sancione el lucro con los dineros públicos y al mercado como organizador de la actividad educativa. Esto aún no ocurre y mientras no sea así, no podemos ver con malos ojos la movilización de los más débiles de nuestra sociedad que hoy se movilizan por los que olvidamos como ser ciudadanos en la sociedad y quizas nos hemos reducido a ser consumidores en el mercado.

Por lo anterior los intentos por “criminalizar al movimiento social”, sólo encontrarán y permitirán más resistencia, o mejor dicho más empoderamiento de un discurso que es cada vez más frontal al cuestionamiento de la institucionalidad educativa neoliberal. Nos sumamos junto al bloque social a este cuestionamiento a una expresión de violencia institucional que nos impide profundizar nuestra democracia.

 

Observatorio Chileno de Políticas Educativas